La cooperación no implica consentimiento a la federación

Existe una suposición tácita que impregna gran parte del debate sobre la unidad: que la cooperación entre los Estados africanos es un paso obligatorio que todos deben dar en el camino hacia un único país. Este ensayo rechaza dicha suposición. La cooperación es un objetivo en sí misma, y aún no se ha demostrado de forma concluyente la necesidad de ir más allá.

Empecemos por lo que los escépticos no dicen. No dicen que los países africanos no puedan colaborar entre sí. Los hechos demuestran que sí pueden: cincuenta y cuatro Estados firmaron un acuerdo de libre comercio continental, y cincuenta lo han ratificado (TRALAC). Tampoco dicen que las fronteras coloniales fueran justas ni que los Estados-nación tuvieran una larga tradición; Guinea se opuso al imperio en 1958 y diecisiete países obtuvieron su independencia solo en 1960 (Franceinfo; Wikipedia). Precisamente porque esos Estados se conquistaron con gran esfuerzo, la pregunta «¿deberíamos ceder parte de su soberanía a un nuevo centro continental?» merece una respuesta seria, no eslóganes.

¿Cómo podría un gobierno que atiende a 1.500 millones de personas (UNECA) repartidas en 54 Estados, con cientos de lenguas y numerosas tradiciones jurídicas, rendir cuentas ante un agricultor de su aldea más remota? ¿Qué mecanismo impediría que la mayoría de la unión pasara por encima de las necesidades de sus miembros más pequeños, tal y como temen los Estados pequeños de todo el mundo en las grandes uniones? ¿Qué ocurre con un Estado miembro que desee retirarse: queda abierta la puerta de salida, o se convierte la unidad en algo obligatorio? Y la pregunta que las propias palabras de Nkrumah agudizan en lugar de zanjar: si algunos Estados están «dirigidos desde el exterior» (Columbia Law), ¿garantizarían realmente los controles constitucionales que las instituciones federales rindan cuentas ante los ciudadanos africanos e impedirían su captura por parte de intereses poderosos?

La respuesta honesta de un federalista es que la fragmentación conlleva costes: mercados y posiciones negociadoras fragmentados, duplicación de esfuerzos. Así es. Pero el escéptico se pregunta: ¿podría una cooperación más profunda —en materia de comercio, pagos, infraestructuras y posiciones negociadoras comunes— reducir suficientemente esos costes sin necesidad de una fusión política? Si la mayor parte del beneficio se obtiene sin la unión, el beneficio restante debe de ser muy considerable para justificar sus riesgos. Un escéptico necesitaría pruebas comparativas antes de aceptar que la fusión política ofrece un beneficio adicional suficiente para justificar dichos riesgos.

Tampoco debería nadie pretender que el historial de las grandes integraciones resulte, por sí solo, tranquilizador. Las grandes instituciones de todo el mundo se enfrentan a problemas de distanciamiento respecto a los ciudadanos; eso es una advertencia, no un veredicto. Pero la carga de la prueba no recae sobre quienes aconsejan cautela en relación con la soberanía por la que votó Guinea y que conquistó la generación de 1960. Recae sobre quienes proponen ponerla en común. Cuando alguien presente el borrador de la Constitución —con las competencias, la cláusula de salida, el tribunal, el mapa electoral y las garantías para los miembros más pequeños—, el debate podrá entrar en materia. Hasta entonces, la postura de los escépticos no es obstruccionismo. Es respeto por uno mismo.

¿Qué pruebas o garantías concretas necesitaría ver antes de confiar en un gobierno continental dotado de poderes reales?

¿Qué decisiones deberían seguir tomándose siempre a nivel local o nacional, independientemente de lo que depare el futuro?