La dignidad no se limita a la bandera

En Conakry, el 25 de agosto de 1958, Ahmed Sékou Touré le dijo a Charles de Gaulle: «No hay dignidad sin libertad» (transcripción del discurso, en francés; traducción propia). Su argumento vinculaba el rechazo a la subordinación colonial con el reconocimiento de la dignidad y el derecho a la independencia de los pueblos africanos (texto del discurso).

Esta reivindicación merece algo más que una simple conmemoración. Proponemos convertirla en una prueba para evaluar nuestras instituciones: ¿otorgan realmente a los ciudadanos el poder de decidir, de cuestionar y de construir su futuro?

El hecho de poseer una bandera nunca debería servirnos de excusa para no cuestionarnos quién detenta el poder real. ¿Quién establece las prioridades colectivas? ¿Quién negocia los compromisos contraídos en nombre del país? ¿Quién puede analizarlos, debatirlos y exigir que se rinda cuentas?

En nuestra opinión, ser soberano no significa poder vivir sin los demás. Significa poder elegir las relaciones que se mantienen con ellos, conocer las obligaciones que ello conlleva y disponer de los medios para defender los propios intereses. Una cooperación negociada libremente no es una humillación; una dependencia impuesta no se convierte en aceptable por el mero hecho de que se denomine «asociación».

No obstante, debemos evitar una interpretación errónea: la dignidad humana no es una recompensa concedida únicamente a los pueblos independientes. La Declaración Universal de los Derechos Humanos la reconoce en toda persona y establece que los derechos no dependen de la situación política del territorio al que pertenece una persona (preámbulo y artículos 1 y 2, texto de la Declaración). Por lo tanto, la dominación no priva de dignidad a quienes la sufren; lo que hace es vulnerar el respeto que se les debe.

Defender la soberanía exterior y, al mismo tiempo, negar la libertad interior constituiría una contradicción. Un gobierno que exigiera respeto en el extranjero, pero que considerara traición las críticas de sus propios ciudadanos, no estaría a la altura del mismo criterio que invoca.

La soberanía que defendemos debe pertenecer al pueblo, y no convertirse en propiedad de un presidente, un partido o un Gobierno. Debe materializarse en instituciones que rindan cuentas, un poder judicial independiente y la posibilidad de sustituir a los dirigentes de forma pacífica. El interés nacional no puede servir de pretexto para sustraer las decisiones públicas al debate.

Leer a Sékou Touré no nos obliga a convertir a este hombre en un modelo incuestionable. Nos obliga, en cambio, a aplicar a todo poder —incluso a aquel que habla en nombre de la liberación— la exigencia de libertad que extraemos de esa frase. Debemos decirlo sin rodeos: el propio Gobierno que dirigía Touré encarceló y asesinó a sus opositores (en Camp Boiro).

La unidad africana debe analizarse con el mismo rigor. Una federación no adquiriría legitimidad por el mero hecho de tener una dimensión continental: tendría que demostrar qué posibilidades ofrece para tomar mejores decisiones y ofrecer mayores garantías.

El propio discurso de 1958 contemplaba la transferencia voluntaria de determinadas competencias en el marco de una asociación franco-africana, al tiempo que reafirmaba el derecho a la independencia (transcripción del discurso). No debe confundirse ese proyecto con el que defiende FedAfrica; no obstante, nos invita a distinguir entre el poder compartido por consentimiento y la sumisión impuesta.

Estamos convencidos de que una federación africana podría aumentar la capacidad de actuación de sus miembros al permitirles ejercer determinadas responsabilidades de forma conjunta. Sin embargo, esa posibilidad no es una garantía. Las competencias comunes deberían estar claramente delimitadas, los representantes elegidos democráticamente y los derechos de los ciudadanos protegidos frente a los abusos tanto del poder central como de las autoridades locales.

No defendemos una unión en la que los más débiles se vieran reducidos al silencio. Defendemos una unión cuyas normas permitan la participación de todos y cuyas instituciones tengan que rendir cuentas de sus actos.

Por lo tanto, la cuestión decisiva no es solo si los Estados estarían dispuestos a compartir parte de su soberanía, sino si ese reparto otorgaría a los pueblos un mayor control sobre su destino.

Ese es el debate que FedAfrica desea iniciar: no se trata de elegir entre la dignidad y la unidad, sino de construir una unidad digna de sus ciudadanos. Una unidad que proteja las diferencias, exija la rendición de cuentas del poder y nunca pida silencio a cambio de la pertenencia.

No nos limitemos a preguntarnos quién enarbola la bandera. Preguntémonos quién puede tomar decisiones bajo esa bandera, quién puede expresarse libremente bajo ella y quién puede ver respetados sus derechos en ese marco. Solo bajo esa condición la soberanía se convierte en libertad vivida, y la unidad merece ser elegida.